Derecho a tener un padre

Las reivindicaciones de FADIE y de distintos profesionales plantean irregularidades y discriminaciones en las leyes relativas a la igualdad · Pretenden llevarlas ante el Tribunal Internacional de La Haya


Este tema no es políticamente correcto. Las relaciones entre personas son complicadas, nunca se sabe qué ocurre entre dos personas cuando la relación se rompe. Cuando hay hijos de por medio y la ruptura no es amistosa, la guerra está garantizada. Al mismo tiempo se suma la lucha por la igualdad que las mujeres persiguen con todo derecho desde hace décadas. Las denuncias que están realizando los miembros de la Federación Andaluza por la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), en huelga de hambre reivindicando su derecho a la custodia compartida junto a la Audiencia Provincial, chocan de frente con un modelo de igualdad que, si se constata lo que defienden, debería ser revisado. Resulta interesante conocer en qué consisten sus reclamaciones.

José Luis Sariego es abogado especialista y ex asesor del CGPJ para violencia intra familiar y asesor de FADIE; en su opinión, "en nuestro país a raíz de la aprobación del divorcio exprés, que establecía la custodia compartida, ha sido más difícil conseguirla que antes". Bajo su punto de vista, "fue una gran tomadura de pelo, pero hubo una presión mediática y política en el PSOE por parte del feminismo radical". Según Sariego, "estas personas obtuvieron un cheque en blanco en el congreso en el que eligieron a Zapatero". De ahí que justifique las primeras leyes realizadas por su Gobierno, "todas eran derivadas del compromiso que tenía".

Cuando llega al Congreso la ley del divorcio, se modifica ante las presiones y solo se podría dar la custodia compartida si ambos progenitores están de acuerdo. En la actualidad basta con que una de las partes se niegue para que no se consiga. José Luis Sariego afirma que es "imposible que un padre obtenga la custodia compartida porque prima un comportamiento machista basado en que la mujer es un ser inferior y solo sirve para limpiar culos y cuidar niños".

Ante los motivos que existen para mantener esta situación, el ex asesor del CGPJ responde que "se les está acabando el negocio a los despachos de abogados". Reconoce que con la crisis "se veía venir, en los despachos hay menos trabajo y la única forma de mantener el negocio es conflictivizar los casos". Sariego lo deja claro: "No se está defendiendo el interés de los niños, sino el de los abogados, psicólogos, asistentes sociales. Los únicos que pierden son las personas que solicitan", explica.

Respecto a las denuncias por violencia de género, José Luis Sariego tampoco se muerde la lengua. "Se están utilizando de manera instrumental, es una manera de obstaculizar el proceso", aclara. "Hablo con jueces y dicen que están hartos de denuncias falsas". En todo este contexto la acumulación de casos falsos retrasan los verdaderos, por la prioridad en las fechas de denuncia. Explican que "de dos millones de denuncias por malos tratos desde 2004 solo han salido 40.000".

La ley contra la violencia de género de 2004 explica en su primer artículo: La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Para Sariego, la ley "dice que todos los hombres son unos maltratadores en potencia, directamente somos ya violentos".

Además, defiende que la ley (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre) "vulnera varios principios como el derecho a la presunción de inocencia, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a la asistencia médica inmediata y el derecho a habeas corpus", entre otros. "Les han hecho un gran favor a los abogados, ahora cobran el doble, tienes asegurados dos pleitos", insiste Sariego, que con estos argumentos reconoce que no es bien visto entre la gran mayoría de sus compañeros.
En la práctica cotidiana de los abogados consultados en Cádiz explican que la mayoría de las custodias compartidas se conceden cuando existe consenso entre progenitores, buen entendimiento y relaciones interpersonales adecuadas. También inciden en que en la práctica es importantísimo el informe del Ministerio Fiscal y señalan que "hemos podido comprobar cómo existen denuncias penales falsas a fin de desacreditar al otro cónyuge".

Dentro del calendario de acciones se encuentra pendiente una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Además, tienen pensado presentar una denuncia penal en el Tribunal Internacional de La Haya contra el Estado español y José Luis Rodríguez Zapatero por fomentar delitos de lesa humanidad y otros tratos degradantes por vulneración del Tratado de Viena.

Los distintos colectivos que denuncian esta situación mantienen también que existe un interés económico con las subvenciones que se reciben desde Bruselas. Por cada denuncia que se formula el Estado recibe 3.200 euros para repartirlo entre ayuntamientos, asociaciones y comunidades autónomas. "Solo van hacia las mujeres si se demuestra que es cierta", explican, y "se produce una excepción en la ley de fiscalización de gasto público", al no tener que justificar su destino. Otro de los aspectos que sacan a relucir es ¿por qué no se habla de los hombres que se han suicidado después de una denuncia de malos tratos? y ¿por qué se oculta ese dato por el CIS?

El caso del juez de familia de Sevilla Francisco Serrano es un ejemplo de las contradicciones que se producen al respecto. En este momento se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde agosto de 2011, tras renunciar a un indulto de su condena que lo hubiera reducido a seis meses. El motivo de su situación es la concesión de una prórroga por un día de la custodia del padre porque en la Semana Santa del año 2010 acordó que saliera en una procesión tras la solicitud del niño. La madre presentó una querella y el juez fue condenado por prevaricación culposa. En su intención, "evitar al menor un perjuicio".
Francisco Serrano señala que se ha impuesto una "ley del silencio" y que se está viviendo "una perversión moral y un fraude". La Audiencia Provincial de Sevilla reconoció que su decisión se ajusta totalmente al ordenamiento jurídico y la Fiscalía retiró la acusación. Hoy se encuentra a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. Mientras tanto, se preocupa por el estado de su juzgado y se encuentra escribiendo un libro en el que contará la experiencia.

El debate está abierto y sorprende el número de personas que se muestra cercana al mismo y los reparos a defenderlo públicamente. El derecho de la mujer a ser reconocida en todos los ámbitos sociales es irrefutable, no tanto por ser mujer sino simplemente como persona. Ahora, sería importante que al intentar evitar arreglar un problema no se cree otro igual de injusto

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1212154/derecho/tener/padre.html