Francisco J. Fernández Cabanillas 27/01/2012
Acaban de venir los Reyes Magos y cada casa con niños es una ludoteca. Mira que hay cantidad de juegos y juguetes; sin embargo, jamás he visto el kit de diputada o de jueza de la Señorita Pepis. Jugué de niño a los médicos, a policías y ladrones,… pero, ni mis amigos ni yo, jugamos nunca, motu proprio, a los abogados o a los jueces. Es que hay profesiones que no dan juego.
Según el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección jurídica del menor: «primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente Ley deberán tener un carácter educativo». Y la Convención internacional de derechos del Niño, dice en su artículo 3.1. «En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño».
En derecho de familia, coexisten varios poderes legislativos territoriales que regulan el «interés superior del menor», en caso de ruptura de convivencia de sus progenitores, que se pueden resumir dos modelos básicos: el aragonés-catalán-valenciano y el resto.
En las comunidades autónomas de Aragón, Valencia y Cataluña (aquí con matices) sus órganos legislativos nos vienen a decir que el «interés superior del menor» es la custodia compartida de sus progenitores; mientras que, en el resto de España, es la custodia compartida entre la madre y su nuevo novio. Me explico: en el resto de España el «interés superior del menor» será la custodia exclusiva de un progenitor (abrumadoramente de sexo femenino) y las visitas, más o menos esporádicas, con el otro. Como niño va con casa, cuando la madre «rehaga su vida», va a convivir con su nueva pareja, y ésta, con el niño, al que va a guardar y custodiar de hecho.
El feminismo profesional español está en contra de la «custodia compartida impuesta» entre padre y madre, pero está a favor de la «custodia compartida impuesta», de facto, entre la madre y su nueva pareja no progenitora del niño.
Así que resulta que el interés superior del menor del divorcio en Aragón es su convivencia turnada, en periodos de tiempo iguales, con su padre y con su madre; y el interés superior del menor del divorcio en Madrid, Burgos o Sevilla (Castilla la Vieja, la Nueva y la Novísima) es vivir probablemente con su madre y tratar a su padre como si fuera un tío consanguíneo más o menos lejano.
Ningún científico ha probado que existan diferencias en ADN, u otras significativas, entre un niño del divorcio aragonés y otro castellano; pero sus respectivos intereses (superiores) son, al parecer, muy distintos. Recordemos que «superior» exige un orden relativo: A no puede ser superior a B y, simultáneamente, B ser superior a A.
En el ámbito de la salud de los niños, en marzo del 2011, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunciaba en el Pleno del Congreso: «Antes de que finalice el año, se habrá tramitado un real decreto que permitirá la creación de la especialidad Psiquiatría Infanto-Juvenil». Mintió (nótese el «carácter educativo» para los menores). De todos los estados miembros de la Unión Europea sólo España y Letonia carecen de esta especialidad médica, aunque todos sabemos que el 80% de los problemas de salud mental tienen su origen en la infancia.
En el ámbito económico-laboral de los menores, según los datos de nuestro Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2010 la tasa de paro en el grupo de edad 16-19 años fue del 61,39%. Ya es extraño que el INE no ofrezca el dato específico del paro de menores de edad (16-17 años), es decir, menores con derecho y deber de trabajar en España. Quizá sea porque entonces se vería claro que los menores que quieren trabajar en España tienen una tasa de paro de más del 75% (tasa absolutamente incompatible con el «interés superior del menor» que exige la ley).
Creo que el «interés superior del menor» es aquí, más que un concepto jurídico indeterminado, un concepto «de goma». Es un concepto elástico, que se ensancha, se dobla y se estrecha; tanto para sujetar la cola de la larga cabellera de muchos adolescentes, como para sujetar su larga cola de paro. Un concepto de goma que se pliega, se dilata, se contrae o se deforma; una golosina, chicle, para mascar. Efectivamente, en la práctica, el «interés superior del menor» es un concepto jurídico infantil.
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/un-concepto-juridico-de-goma-_663362.html
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