Solución de IU a la violencia de género: ocultar la violencia a hombres y menores, y … más ideologización de los juzgados
La Asamblea de Madrid debatirá hoy una Proposición No de Ley que demanda a la Comunidad de Madrid que “imparta formación en igualdad de género y violencia machista dirigida al personal de la administración de Justicia de la Comunidad de Madrid y al personal que presta sus servicios en los Juzgados y Fiscalías (como el servicio de traducción e interpretación)”.
Igualmente, la PNL reclama “establecer como requisito obligatorio la formación en igualdad de género y violencia machista para el personal que preste sus servicios en los Juzgados y Fiscalías de la Comunidad de Madrid y especialmente para el personal que forme parte de los equipos psicosociales de los Juzgados y el servicio de traducción e interpretación”.
La portavoz de Mujer de IU en la Asamblea de Madrid, María Espinosa, explica que ha presentado esta iniciativa ya que “el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó, en el verano de 2014, al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, una mujer víctima de violencia de género, y su hija Andrea. La ONU establece de forma contundente que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y condena al Estado por no proteger a ella y su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a Ángela por los daños causados”.
Ángela González, denunció en más de 30 ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían, y solicitó medidas de protección para ambas. La falta de la debida diligencia del sistema de protección condujo a que la niña, de entonces siete años, fuera asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.
“La ONU ha identificado que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces y juezas, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes, que constituyen discriminación contra las mujeres y que se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial que llevan, con frecuencia, a que no se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, ni a sus hijos e hijas. Por todo ello este Tribunal ha dictado condena unánime contra España”, afirma la diputada.
“Para evitar la repetición de situaciones similares a la de Ángela, se exige que se tomen ‘medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos’, además, manda a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y, por último, se obliga a que los jueces, juezas y personal de los Juzgados, reciban formación obligatoria sobre estereotipos de género. Para ello, da seis meses al Estado español”.
“Todo esto son competencias propias de la Comunidad de Madrid, por eso le instamos a que se implementen estas medidas que supondrán un paso más en la lucha de la sociedad madrileña contra la violencia de género”, concluye Espinosa.
La portavoz de Mujer de IU en la Asamblea de Madrid, María Espinosa, explica que ha presentado esta iniciativa ya que “el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó, en el verano de 2014, al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, una mujer víctima de violencia de género, y su hija Andrea. La ONU establece de forma contundente que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y condena al Estado por no proteger a ella y su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a Ángela por los daños causados”.
Ángela González, denunció en más de 30 ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían, y solicitó medidas de protección para ambas. La falta de la debida diligencia del sistema de protección condujo a que la niña, de entonces siete años, fuera asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.
“La ONU ha identificado que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces y juezas, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes, que constituyen discriminación contra las mujeres y que se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial que llevan, con frecuencia, a que no se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, ni a sus hijos e hijas. Por todo ello este Tribunal ha dictado condena unánime contra España”, afirma la diputada.
“Para evitar la repetición de situaciones similares a la de Ángela, se exige que se tomen ‘medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos’, además, manda a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y, por último, se obliga a que los jueces, juezas y personal de los Juzgados, reciban formación obligatoria sobre estereotipos de género. Para ello, da seis meses al Estado español”.
“Todo esto son competencias propias de la Comunidad de Madrid, por eso le instamos a que se implementen estas medidas que supondrán un paso más en la lucha de la sociedad madrileña contra la violencia de género”, concluye Espinosa.
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